La sabiduría del daimon

La sabiduría del daimon

 
  Eleanor Roosevelt sosteniendo el texto en español de la Declaración Universal de los Derechos humanos,  autor desconocido, 1949

Eleanor Roosevelt sosteniendo el texto en español de la Declaración Universal de los Derechos humanos, autor desconocido, 1949

El Canciller Bartolomeo Scala era un hombre pragmático. Hijo de un molinero de provincias, llegó a estudiar Derecho a Florencia y tras una serie de victorias sobre rivales envidiosos llegó a ser el más encumbrado funcionario de la república florentina. Desde esta posición logró amasar una fortuna suficiente para comprar una de las casas más grandiosas en una ciudad donde, en la década de 1470, se construían nuevas mansiones en cada esquina y en cada calle. Y era un éxito bien ganado, pues bajo su astuta mirada Florencia prosperó como nunca lo había hecho en su historia. Los servicios financieros que prestaba la ciudad eran solicitados desde todas partes de Europa, y cientos de carros cargados de manufacturas locales y lujosas importaciones transitaban estrepitosamente sus calles.

A pesar de toda esta buena fortuna, la salud política y moral de la ciudad era motivo de preocupación para Scala. Los ciudadanos de Florencia estaban orgullosos de una rara forma de Estado, una república que se gobernaba a sí misma, donde un conjunto diverso de residentes hombres tomaban parte en importantes comités, ocupaban altos cargos políticos y debatían asuntos de guerra y paz. Los florentinos compartían con los romanos la antigua creencia en que un pueblo libre solo podía tener un gobernante: la ley. Hablar de un rey, un gobernante humano, era anatema en Florencia. La ley—reglas situadas por sobre los débiles y los poderosos, los ricos y los pobres, los líderes y los seguidores, que sometían a todos bajo su yugo igualador—era objeto de reverencia regia y divina, pero ahora sus sagradas cadenas se estaban deshaciendo. Una familia de ricos banqueros, los Medici, había encontrado varias maneras de eludir las leyes de la república de Florencia—vale recordar: la res publica, “cosa pública”—, las que habían sido diseñadas para evitar que ella se convirtiera en propiedad de un solo hombre o clan. Comprando lealtades con préstamos y favores, los Medici habían repletado el Estado de yes-men que reescribían o derogaban aquellas leyes que podían serles inconvenientes. El mismo canciller Scala había jugado varias veces el papel de “yes-man en jefe”, y aunque Florencia seguía llevando el nombre de república, ya nadie dudaba que la ciudad y sus leyes eran súbditas de facto de un solo hombre: Lorenzo de Medici, “el magnífico”. A los florentinos les había llegado el momento de admitir que no eran las leyes las que gobernaban su ciudad—y de preguntarse si acaso eso podría ser algo bueno. Ningún florentino se atrevía a abordar la cuestión directamente, pues hacerlo podía considerarse sacrílego, o derechamente traición. Bartolomeo Scala plantea entonces la cuestión oblicuamente en su Diálogo sobre las leyes y los juicios legales, publicado en 1483, que dedicará al principesco líder de Florencia en ese entonces.

La acción del texto ocurre en el hogar de la propia casa de Scala. Un amigo le ha traído al canciller, afectado de gota por esos días, unas notas sobre un debate entre célebres juristas. Cuando el visitante le recuerda a Scala sobre un códice de leyes romanas guardado como un tesoro en la capilla gubernamental, Scala exige saber: ¿acaso estamos en lo correcto, después de todo, al venerar estas leyes escritas? ¿No deberíamos simplemente seguir el ejemplo de los espartanos? Ellos evitaban interminables litigios haciendo simplemente lo que fuera que los ciudadanos más ricos decidieran. Un sustituto bastante conocido para las leyes, señala Scala, es el juicio del príncipe o sus plenipotenciarios. El sultán de Turquía delega completamente el poder judicial en los pashas, quienes deciden sobre las causas penales sin recurrir a leyes escritas. Los acusados no tienen abogados ni derecho de apelación, de modo que el pueblo se ahorra costosos litigios, además de la estrechez, la presunción y la hipocresía, degradante para el alma, que uno se encuentra entre los juristas de Florencia. Si un pasha recibe un soborno o permite que sus intereses privados deformen su juicio, los hombres del sultán—y es evidente que Scala disfruta maliciosamente esta descripción—le atraviesan la garganta con una lanza para luego elevarlo por los aires y arrojar su cuerpo ensartado al suelo. En cualquier caso, concluye el canciller esta vez más sobriamente, las mejores leyes provienen de la naturaleza. ¿No haríamos mejor en confiar en unos pocos hombres de bien que puedan captar las leyes de la naturaleza antes que en una tribu de abogados de mala muerte?

  Tres abogados conversando,  de Honoré Daumier, 1843-1848

Tres abogados conversando, de Honoré Daumier, 1843-1848

El diálogo entonces da la palabra a su único interlocutor, el hombre que defenderá las leyes: el amigo íntimo de Scala, Bernardo Machiavelli/Maquiavelo (un discreto pero hábil jurista, padre del joven Nicolás Maquiavelo, quien tres décadas más tarde dedicará una obra aún más que inquietante a los Medici, el libro de consejos políticos que conocemos como El príncipe). Si pudiéramos encontrar a uno o unos cuantos hombres de confianza para hacer y aplicar nuestras leyes, coincide Bernardo con Scala, eso nos ahorraría un montón de problemas. Pero incluso las personas más sabias discrepan sobre lo que es justo o injusto por naturaleza. No tenemos entonces más opción que hacer leyes en común acuerdo, e intentar tomarnos todas las molestias que sean necesarias para juzgar los casos tan justamente como podamos.

Ahora Bernardo recurre a la filosofía para sostener su argumento. Hace casi dos milenios, el Político de Platón planteó la misma pregunta que Scala: si entre nosotros hubiese quien poseyera la “ciencia real” de la legislación, ¿no sería absurdo no dejarlo gobernar, dejando la ley a un lado? Pero entonces, continúa el orador de Platón, nos veríamos presionados a encontrar a alguien cuyo conocimiento de los asuntos humanos es tan perfecto que tendríamos que confiarle todo lo relativo al gobierno, una persona “que no hay aún”. De ahí que debamos conformarnos con la segunda mejor cosa: una imitación del gobierno de este super-sabio, en el que “reunidos en asamblea, redactemos leyes escritas”.

A medida que el diálogo avanza, la defensa que hace Bernardo de la ley se hace cada vez más convincente, en tanto los argumentos del canciller—abogado del diablo de pashas y déspotas ilustrados—acaban hechos polvo. Scala no pinta los argumentos de su amigo como una muestra de ingenuidad. Al contrario, el viejo Maquiavelo logra perfilar de manera realista una psicología del poder que demuestra por qué la ley debe gobernar incluso a los mejores líderes políticos: “Muy frecuentemente vemos cómo los deseos sin moderación dominan a aquellos que tienen las riendas del poder”, transformando los asuntos humanos en una batalla interminable por la preeminencia, la reputación y la riqueza. Bernardo nuevamente hace eco de Platón, esta vez del diálogo Las Leyes, el manantial de donde beben las posteriores reflexiones antiguas y las primeras del pensamiento moderno sobre el imperio de la ley. La peor forma de ignorancia, nos dice Platón, es la presunción sobre la propia sabiduría, presunción que se expresa de la forma más extrema entre aquellos que son muy poderosos y muy ricos. Cualquiera que crea que “es capaz de guiar a otros” sin leyes que lo guíen, dice el principal orador del diálogo, “queda abandonado, desierto de dios… y aunque a muchos le parezca que es alguien, después de un breve lapso… se destruye totalmente a sí mismo, a su casa y a su ciudad”.

Este era también el mensaje sotto voce del canciller Scala a Lorenzo de Medici. Puede que Scala en el pasado haya tomado parte en la degradación de las leyes de Florencia en el pasado, pero ahora, el canciller esperaba que su diálogo moviera al aspirante tirano de la ciudad a echar marcha atrás. Sin leyes, hace decir a Bernardo Maquiavelo en su diálogo, “las ciudades y los Estados no son más que una banda de ladrones” donde los astutos y los violentos hostigan al resto. Las buenas leyes son nuestras armas más ponderosas. Al ponerle límites al interés propio, las leyes nos ayudan a hacer amigos, lo que a su vez contribuye a la victoria de nuestras tropas en el exterior y a nuestros triunfos en la política interior. Y así como decía Platón, si alguien reclama ser un experto y tener un conocimiento político superior a las leyes, una persona así debe ser llamada tirano.

  Vista de Florencia,  de Hartmann Schedel, 1493

Vista de Florencia, de Hartmann Schedel, 1493

Una década después, en 1494, los Medici fueron declarados tiranos y expulsados de Florencia. Un gobierno popular es refundado según el antiguo principio republicano que señala “entre nosotros nadie sino la ley es el rey”. Se aprueban leyes de amnistía para poner freno al deseo popular de vengarse de los viejos amici de los Medici. Se fijan estrictos procesos para causas penales, con el fin de asegurar que los crímenes contra el Estado—aquellos que ameritaban las más duras penas de exilio, o más raramente, la muerte—fuesen juzgados con el mayor cuidado. Los varios miles de ciudadanos que redactaron y aprobaron estas leyes sabían que las sospechas siempre abundan después de una crisis constitucional, por lo que este nuevo sistema legal fue formulado con el fin de que el público examinara cuidadosamente las evidencias antes de actuar fundándose en meras sospechas, e incluso en un razonable temor.

Estas nuevas leyes pronto se encontraron bajo ataque, pero esta vez no eran, como los Medici, oligarcas que se extralimitaban en su poder, sino miembros de las facciones rivales del popolo, el pueblo autogobernado y libre. Los florentinos tenían un talento especial para formar nuevas facciones y, al primer soplo de libertad, los unos y los otros se lanzaron directo a la garganta de sus enemigos: sospechosos de ser testaferros de los Medici contra las antiguas familias rivales exiliadas, defensores del gobierno popular contra los patricios más inclinados al gobierno oligárquico, los aliados del comandante militar de la ciudad contra aquellos que lo consideraban un tránsfuga. Los líderes de todas estas facciones tenían pocos escrúpulos al momento de saltarse el debido proceso para salvar a sus amigos y perjudicar a sus rivales, y muchos ciudadanos importantes fueron ejecutados luego de juicios injustos y acusaciones espurias, si es que no recibían un juicio en lo absoluto. El caso más infame supuso la confesión bajo fuerza del fraile dominico Girolamo Savonarola, quien instaba a sus seguidores a tomarse las leyes de la república en nombre de Dios para legislar en nombre de una nueva moral ascética. La muerte de Savonarola en una hoguera en la hermosa piazza principal de Florencia puso fin a su cruzada, pero los métodos cuestionables de sus acusadores mellaron la confianza de los florentinos en la transparencia, la magnanimidad y la templanza de las leyes de su república.

Nicolás Maquiavelo vivió a través de estas tempestades políticas. Como secretario de la Segunda Cancillería y del consejo de los Diez de la Guerra—el cuerpo a cargo de la defensa de Florencia—fue testigo del colapso de la república y el regreso de los Medici con un golpe de Estado cuando solo habían pasado dieciocho años de su derrocamiento. Aun así, Maquiavelo nunca dejó de insistir en que, sin el imperio de la ley, la vida humana era peor que la de las bestias. Todos los Estados, dice Maquiavelo en sus Discursos, sean monarquías o repúblicas, “exigen ser gobernados por las leyes, pues un príncipe que puede hacer lo que sea que quiera es un loco, y un pueblo que puede hacer lo que sea que quiera no es sabio”.

El punto de Maquiavelo no tiene nada que ver con un desprecio oligárquico por el demos, considerándolo demasiado obtuso como para gobernarse a sí mismo. Casi tres siglos antes que Thomas Paine y Thomas Jefferson, Maquiavelo sostuvo que los pueblos que se gobiernan a sí mismos—estén o no “encadenados por las leyes”—son menos propensos que un príncipe o las elites a hacer juicios insensatos. Sin embargo, a diferencia de los populistas y los partidarios de la democracia directa, Maquiavelo decía que las repúblicas requieren leyes de una autoridad incuestionable para refrenar la enfermedad característica de la democracia: las divisiones civiles que decantan en el extremismo partisano. La democracia pretende entregar igual voz a gente con intereses y valores contrapuestos, protegiendo así la libertad de los ciudadanos para pensar de manera distinta a una mayoría o a una ideología del partido único. Estas contraposiciones, no obstante, deben mantenerse dentro de ciertos límites: de lo contrario, destruyen la comunidad política. Las buenas leyes son el freno esencial que impone límites a lo que puede realizarse en el espacio compartido de lo público. Cuando las rivalidades entre partidos se mantienen dentro de estos límites—y aquí Maquiavelo cuestiona también la opinión bastante difundida de que todos los conflictos perjudican la concordia civil—, ellas contribuyen al robustecimiento de la democracia. Las rivalidades se vuelven tóxicas cuando el miedo o el conflicto intensificado hace que los partisanos olviden que ellos deben coexistir con sus rivales—por ejemplo, cuando hacen la vista gorda ante la corrupción en sus propias filas, o cuando celebran que sus líderes destruyan la civilidad para derrotar a sus oponentes políticos.

  Paz (detalle de  El Buen gobierno), de Ambrogio Lorenzetti, 1338-1340

Paz (detalle de El Buen gobierno), de Ambrogio Lorenzetti, 1338-1340

La vida de la república anti-Medici de Florencia fue breve, porque sus leyes para regular los conflictos no eran lo suficientemente fuertes. Vale preguntarse entonces qué clase de leyes son las que evitan que el sano tumulto se transforme en un veneno para la vida pública. Estas leyes son las que garantizan la oportunidad de tomar parte en el Estado y ocupar cargos públicos sin importar la adhesión a un partido, la riqueza o las conexiones personales. Maquiavelo sentía más que desconfianza por las elites establecidas que pretendían estar más calificadas para gobernar que los ciudadanos que no pertenecían a la elite. De igual modo, su noción de una justicia republicana prohibía la persecución de individuos solo porque eran de las clases altas. Si el partido más “popular” en una república rehusaba compartir la autoridad con hombres de valor solo porque eran considerados de una elite, estos hombres tenían una causa razonable para oponerse al gobierno, desestabilizándose así la república. Los castigos y los premios basados en la pertenencia a un grupo, antes que en las obras y las cualidades individuales, socavan el imperio de las leyes. Cuando esto sucede, la ruina de la república es solo cosa de tiempo.

El punto de Maquiavelo es que los legisladores y los magistrados deben tratar la imparcialidad de la ley como sacrosanta, instando a los ciudadanos a que se dejen gobernar por ella, antes que por las pasiones partidistas. Maquiavelo sabía también cuán fácilmente el pueblo relaja sus estándares cuando sienten que su facción o su país se encuentran amenazados. Los Medici eran buenos en alegar supuestas amenazas a la existencia de Florencia para tomar atajos extralegales. La república sucesora de los Medici quizás fue más torpe, pero recurría a los mismos métodos. A pesar de su reputación de realista, que sostenía que la necesidad política excusaba el incumplimiento de la ley y la justicia, Maquiavelo en verdad pensaba lo contrario. Concordaba con la opinión de su padre—al menos en el retrato que de ella hace Scala—, que las leyes y la justicia son la mejor garantía para un Estado. Un tópico recurrente en Maquiavelo es que la ley es inútil sin buenas armas y, a la inversa, que no puedes tener buenas armas sin una ley justa y procedimientos legales transparentes. Una de las más impactantes ofensas a la justicia en tiempos de la república fue una serie de acusaciones infundadas de soborno que acabaron en la ejecución del comandante en jefe del ejército florentino. El rumor, recuerda Maquiavelo más tarde, era que el capitán Paolo Vitelli había perdido una campaña militar clave “porque había sido corrompido”. Vitelli no tuvo chance para defenderse de tales acusaciones, “porque en la república no había procedimientos que se lo permitieran”. De haber existido, “los infinitos escándalos que ocurrieron” en Florencia “jamás habrían ocurrido”. Los antiguos romanos “eran más magnánimos y más vacilantes” al momento de castigar que los florentinos. Incluso si un capitán había causado problemas por su malicia, “se le castigaba humanamente”, con multas. Esto lo hacían porque los romanos creían que sus líderes militares trabajaban mejor con “un espíritu libre y dispuesto”, sin el temor de una ejecución a la primera sospecha de error o mala conducta.

Las leyes constituyen buenas armas en varios sentidos. La imparcialidad estricta preserva la fe pública. Las leyes penales contra las calumnias permiten que los capitanes militares se sientan lo suficientemente seguros para tomar los riesgos que requiere la batalla, y es crucial para la seguridad de la ciudad que a ningún individuo se le niegue un juicio justo o el derecho de apelación, sin importar qué tan grave sean las fuerzas que amenazan la república. Maquiavelo, malamente conocido por supuestamente acuñar la máxima realista “el fin justifica los medios”—aunque nunca escribió esas palabras—, prefería en cambio hacer que sus lectores se esforzaran en comprender cómo los medios ilegales e injustos corrompen los fines bien intencionados. A propósito de un antiguo político romano al que, acusado de serios crímenes contra el Estado, se le negó una apelación, Maquiavelo escribe que toda su “vida criminal merecía todos los castigos imaginables (…) Sin embargo”, continúa, “difícilmente puede considerarse una cuestión civil el violar las leyes” y castigarlo sin un proceso justo. Esto dejó “un pésimo ejemplo” que comprometió fatalmente el orden político romano, pues fijar “la costumbre de quebrantar las leyes” e ignorar el legítimo reclamo de un individuo con el fin de obtener la seguridad colectiva, o algún otro bien superior, “no acabará haciendo el bien, sino el mal”.

  Elecciones en Buenos Aires,  de Meltron Prior, 1892

Elecciones en Buenos Aires, de Meltron Prior, 1892

¿Son las buenas leyes, sin embargo, suficientes para mantener el imperio de la ley y así regular los distintos enfrentamientos que se producen en una democracia? En las actuales y fraccionadas democracias liberales, la respuesta parecer ser un claro no. Los excesos partisanos y las ambiciones tiránicas no son lo único que le disputa el poder a las leyes. Las grotescas desigualdades en el acceso a la riqueza y a los bienes públicos también son parte del problema.

Los defensores clásicos del imperio de la ley se enfrentaron a este problema de manera decisiva, quizás mucho más que la mayoría de los autores de hoy. Veían que incluso las leyes más perfectas debían ser plantadas en suelo fértil, o acabarían por podrirse. Platón vio en la concentración de la riqueza una de las más graves amenazas a la integridad de la ley. Los legisladores, decía, deben ser como los buenos doctores, que ayudan a los ciudadanos a tener un punto de vista integral sobre el cuerpo político y cómo mantenerlo en un saludable balance.

Maquiavelo estaba de acuerdo con este punto de vista. Para que las leyes puedan gobernar bien, dice a sus lectores, las democracias necesitan preservar una “igualdad pareja” en las oportunidades, la riqueza y el estatus de sus ciudadanos. Una excesiva desigualdad permite que unos pocos ricos puedan dominar al resto, y hace que los pobres—con razón—sientan que el sistema está arreglado en contra de sus intereses. Maquiavelo aprendió de la historia de Florencia que la violencia partisana, el principal enemigo de la ley en una democracia, se alimenta de las disparidades de riqueza y prestigio. Las leyes que se dirigen a contener el extremismo partisano quedan impotentes frente a la desigualdad.

En el siglo XIX, Karl Marx irá un paso más allá. Sostiene que ninguna sociedad—incluso las sociedades capitalistas liberales—jamás ha tenido la ley justa e igual que sus apologistas dicen reverenciar. La imparcialidad formal de la ley no es más que una fachada, parte de una superestructura que disimula la explotación de los muchos por unos pocos. Maquiavelo y Platón habrían estado de acuerdo en que la mayoría de los sistemas legales no le han hecho la vida muy difícil a la clase explotadora. Si bien resistieron la mira archi-escéptica de Marx sobre las leyes, ambos autores anticiparon sus análisis en cuanto a las distintas creencias, identidades, mentalidades y afectos que hacen tan difícil abordar el problema de la desigualdad. En sociedades con servicios comerciales y financieros hipercompetitivos—como lo fueron la Atenas de Platón, la Florencia de Maquiavelo y la Europa de Marx—, las costumbres y la moral de los ricos tienden a minar el ethos igualitario que es necesario para sostener el imperio de la ley. Marx llamó a esto ideología, un conjunto de creencias que oculta a las clases explotadas su propia condición servil y a su vez las convence de que cualquier cosa que favorezca a los ricos será buena para ellos también. Un siglo antes, Jean-Jacques Rousseau especulaba que los primeros Estados se fundaron cuando el rico “concibió al fin el proyecto más premeditado que haya nacido jamás en el espíritu humano”: persuadir a los pobres, recurriendo a “especiosas razones”, para que aceptaran las “sabias leyes, que protejan y defiendan a todos los miembros de la asociación, rechacen a los enemigos comunes y nos mantengan en eterna concordia”.

 Teamsters  se enfrentan con la policía en las calles de Minneapolis,  autor desconocido, 1934

Teamsters se enfrentan con la policía en las calles de Minneapolis, autor desconocido, 1934

Sin embargo, mientras Marx descartaba tales creencias como una falsa consciencia, una imposición alienante que la revolución podría remover, Rousseau observó qué tan profundamente dichas creencias modelan la visión que tenemos del mundo. Actualmente, las personas se han acostumbrado a tal punto a competir por resultados desiguales, que ni ellas mismas pueden advertir cómo las leyes moderan la desigualdad sin destruir su modo de vida. Muchos creen que deben participar del juego de la hipercompetencia no solo porque no queda más opción, sino porque han sido en cierto programadas para desear ganar ese juego, del que constantemente les dicen que es el único juego posible. Una verdad que, en nuestros tiempos, los medios de comunicación y el marketing la han vuelto más cierta que nunca. Todo el mundo aplaude a los que vuelan más alto y a los que sueñan en ser como ellos: hacer ganancias enormes, recibir salarios obscenos, ser dueño de más casas y castillos y vehículos de lujo que el resto de los que están abajo. Ser una estrella no es suficiente: debes ser, o querer ser, una superestrella. Esta mirada hiperbólica del éxito hace ver la “igualdad pareja” de Maquiavelo como un credo para perdedores—monótono, estrecho, enemigo del emprendimiento.

De este modo, la economía y la cultura conspiran para deshonrar la igualdad y mellar el imperio de la ley en nuestras democracias. No sorprende que la gente de las inseguras clases medias y bajas muchas veces sean las más entusiastas para obtener una ventaja por cualquier medio disponible. Maquiavelo cuenta un episodio de la historia de Florencia, donde algunos ciudadanos de clase media, con la intención de incrementar su “honor”, expulsaron a los miembros más pobres del sistema de gremios que por tantos años había protegido sus derechos políticos y económicos.

El resultado fue una guerra civil que quebró la confianza que por siglos se tuvieron las distintas clases sociales de la ciudad, y que contribuyó a que los super-ricos Medici obtuvieran un poder nunca antes visto. Maquiavelo refiere al episodio para ilustrar una lección para las futuras generaciones: cuando la competencia está pobremente regulada, las desigualdades resultantes tensionan de una manera terrible la promesa democrática de igualdad ante la ley. Nuestro autor tenía una gran simpatía por los rebeldes del bajo pueblo, recordando que a ellos se les había quitado la justicia que la república debía a todos. No obstante, la cura correcta para la injusticia no es la revolución violenta, sino mejores leyes. Tanto para Maquiavelo como para Platón—aunque el primero era bastante más igualitarista—, la regulación económica y los mecanismos de redistribución de la riqueza eran parte integrante del imperio de la ley.

Dos siglos después, Rousseau coincide en que el mejor remedio para las leyes debilitadas es atender a sus cimientos sociales, económicos y culturales. Y aunque hay ejemplos de sobra a propósito de leyes que se inclinan ante la riqueza y el poder, no hay una buena razón para creer que las leyes están condenadas a esa existencia tan abyecta. “Es solo a la ley”, declara Rousseau, “que los hombres deben la justicia y la libertad”. Esto es cierto incluso si nuestros tiempos, y la mayor parte de la historia de la humanidad, nos llevan a decir que “es inútil aspirar a la libertad bajo el amparo de las leyes. ¡Leyes! ¿Dónde las hay?”. Incluso si la igualdad ante la ley ha sido por momentos una astucia de los poderosos para controlar al resto de la población, sigue siendo una idea brillante, una idea que puede orientarse hacia mejores propósitos—que no pueden realizarse sin ella.

  Detalle de  El Mal gobierno, de Ambrogio Lorenzetti, 1338-1340

Detalle de El Mal gobierno, de Ambrogio Lorenzetti, 1338-1340

El problema—quizás nuestro más grande problema, una tarea de nunca acabar—es idear leyes que permitan realizar estos buenos propósitos, al menos la mayor parte del tiempo, y cultivarlas en un suelo promisorio. Siguiendo a Platón, Bernardo Maquiavelo describe la ley buena como una imitación de la sabiduría sobrehumana. ¿Dónde podemos encontrar una imagen de tal sabiduría? ¿Cómo personas egoístas y pendencieras podrían acordar en el aspecto de esta sabiduría? En Florencia, los seguidores de Savonarola creían discernir la imagen verdadera en las palabras del fraile, que decía recibirlas directamente de Dios. Los legisladores de épocas turbulentas frecuentemente han pensado que las buenas leyes deben ser draconianas, demandar un alto comportamiento de la población para que, aterrorizada, se incline a la obediencia. Algunos republicanos, partidarios del imperio de las leyes, siendo Cicerón el ejemplo más notable, buscaban una imagen de la razón divina de las leyes en la naturaleza misma. Pero, como decía Bernardo Maquiavelo, los abogados de la naturaleza no se ponen de acuerdo sobre lo que la naturaleza demanda de la vida civil.

Como suele pasar, Platón investigó este problema de manera más profunda que la mayoría de sus críticos. Los mejores legisladores, decía, saben que ningún saber humano les entregará las leyes perfectas. Abandonando la búsqueda de la perfección, los buenos legisladores hacen su mejor esfuerzo para crear leyes que se ajusten a la defectuosa naturaleza humana. Tales leyes evitan tanto los castigos demasiado duros, que aterrorizan y embrutecen a la gente, como los que, demasiado suaves, no disuaden de cometer un crimen. El objetivo de estas leyes debe ser restaurar la salud en las almas y la amistad en las ciudades, no producir la uniformidad en las creencias y las acciones, o ayudar a que el Estado controle a los ciudadanos. También deben tratar a las personas como agentes libres que, sin importar su predisposición natural a quebrantar la ley, siempre tienen un pequeño margen de elección. Es en este margen de libertad donde la ley debe comprometer la voluntad de los ciudadanos, en vez de simplemente fijar reglas y amenazar con castigos a quienes incumplan. Las leyes que proponía Platón siempre iban acompañadas de preámbulos que explicaban, en una manera que cualquiera pudiera comprender, por qué era mejor obedecerlas. Cuando los legisladores saben que deben dirigirse a personas libres a través del respeto y la razón, y no solo por la fuerza, es más probable que las leyes que dispongan sean leyes duraderas, porque el pueblo aceptará sus mandatos de buena gana.

Pero si las leyes son tan susceptibles de caer en manos de facciones, de plutócratas, de autócratas, ¿por qué creemos que las leyes deberían gobernar? ¿Cómo podemos confiar en algo tan frágil como la ley para que proteja nuestro sustento y nuestras fronteras, manteniendo a salvo a cada ciudadano de los malos humores de los demás? La respuesta es que las leyes pueden gobernar si nosotros se lo permitimos—pero no pueden gobernar por sí mismas. Incluso las mejores leyes necesitan un apoyo constante de sus ciudadanos, que comprenden sus orígenes humanos y su demasiado humana vulnerabilidad. Platón explicó esto a través de un mito. Cuando los primeros hombres caminaron sobre la tierra, el dios Cronos puso a su servicio una raza de seres más sabios, los daimones, para que los gobernaran. Cuando esa era quedó perdida en el tiempo, la humanidad creó leyes imitando la sabiduría de estos daimones, que era solo superada por los dioses. Estos esfuerzos legislativos siempre han tenido fallas, a veces fatales: son, al fin y al cabo, una imitación tercera mano de la razón y la justicia. De todos modos, siguen siendo lo mejor que nosotros, los humanos, podemos hacer.

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Publicado originalmente en Lapham's Quarterly (volumen XI, número 2, primavera 2018). Versión online aquí.

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Traducción de Domingo Martínez. Agradecemos a Lapham's Quarterly, a su editor Kelly Burdick y a la autora Erica Benner para la publicación de este artículo.

 
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